«Mierda de ciudad» (y II)

Seguimos con la reseña del libro «Mierda de ciudad. Una rearticulación crítica del urbanismo neoliberal desde las ciencias sociales”, coordinado por Giuseppe Aricó, José A. Mansilla y Marco Luca Stanchieri. Ya analizamos la primera parte en una entrada anterior, vamos ahora con la segunda.

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«Acumulación por desposesión vs derecho a la ciudad: grandes proyectos urbanísticos y movimientos sociales urbanos en Valencia«, de Luis del Romero Renau. Para Harvey (2007), la acumulación por desposesión es un proceso político dirigido que aparece de manera simultánea con la acumulación capitalista. Se desarrolla a partir de una gran variedad de formas, desde la privatización paulatina y sutil de sectores públicos de la economía hasta el saqueo generalizado de un recurso (Dunn 30078: 6). Harvey concibe la acumulación por desposesión como una alternativa al concepto marxista de acumulación primitiva, resaltando que las estrategias predadoras constituyen un elemento intrínseco de la economía capitalista. Este concepto es asimismo un marco de discusión sobre si el capitalismo avanza y triunfa a partir de su propio dinamismo interno o bien a través de procesos de explotación y apropiación de bienes y territorios no capitalistas. En la actual fase neoliberal del capitalismo, la privatización se ha convertido en una estrategia fundamental de acumulación por desposesión, que Harvey considera como una «acotación de lo público». Las privatizaciones implican el traspaso de propiedad de bienes, antes gestionados por y propiedad del Estado o de la ciudadanía (espacio público, vivienda, medio ambiente), a un coste muy bajo o incluso, a veces, a coste cero (Harvey 2003: 149). El gobierno neoliberal permite la explotación de nuevas y, a veces, viejas fuentes de riqueza a partir de la acumulación por desposesión. Se trata de un proceso polifacético que implica la mercantilización y privatización del suelo; la conversión de derechos de propiedad (comunales, colectivos o públicos, etc.) en derechos exclusivamente privados o la supresión de derechos comunitarios (Harvey 2007: 34). Frente a estas estrategias, se contraponen con frecuencia acciones de protesta organizadas en movimientos sociales y políticos de muy diverso signo, que con frecuencia reclaman un «derecho a la ciudad». […] Los movimientos sociales urbanos, al contrario que los movimientos obreros tradicionales, en declive desde la década de los setenta, estaban constituidos por alianzas multiclasistas con nuevos intereses y valores materiales e inmateriales compartidos como la mejora de los servicios urbanos, la protección de identidades culturales, el rechazo frontal a las políticas tecnocráticas keynesianas, por ejemplo en grandes proyectos urbanos con profundos impactos sociales y ambientales, o la promoción de modelos de autogestión comunitaria (Castells 1997; Mayer 2009; Pickvance 2003; Cruz 2010).» (p. 140).

Una de las conclusiones más claras que se puede extraer de este análisis es que los conflictos que surgen por desahucios, o impactos sobre la salud, se concentran en las áreas más pobres de la ciudad. O dicho de otro modo, los barrios de clases acomodadas han tenido la «suerte» de que ninguna infraestructura o equipamiento nocivo se instale en ellos. Lo mismo se repite con la vivienda. Todos aquellos proyectos urbanísticos que han supuesto desahucios y destrucción física de viviendas se ubican en barrios obreros o humildes y sin embargo, el potencial beneficio de estas acciones no acaba de llegar a estas áreas. Asimismo, se han cartografiado los conflictos surgidos por el acceso a equipamientos básicos. Mientras ciertos barrios tienen dotaciones completas de servicios, otros más populares como es el caso de Russafa o Patraix han tenido que luchar durante años para conseguir equipamientos básicos como escuelas públicas o centros de salud.

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