Tocar fondo. La mano invisible detrás de la subida del alquiler, Manuel Gabarre

Tocar fondo. La mano invisible de la subida del alquiler, de Manuel Gabarre (Observatiorio CODE, Observatorio Contra Delitos Económicos formado por activistas de la sociedad) es una obra muy breve que trata el expolio sufrido en el mercado inmobiliario español y los tejemanejes del gran capital para hacerse con la propiedad y las rentas de las viviendas. El primer capítulo presenta a los actores y su ecosistema (paraísos fiscales y demás), el segundo trata del papel de la vivienda en las finanzas y el tercero se centra en el caso concreto del SAREB, el mal llamado «banco malo» español que se hizo cargo de todas las viviendas desahuciadas.

«Un paraíso fiscal es un Estado o una jurisdicción que permite que los extranjeros puedan eludir el control fiscal de su país de origen» (p. 19), algo que, a estas alturas, todos conocemos. Gabarre comenta que el nombre «paraíso fiscal» proviene de una mala traducción de ‘tax haven’, refugio fiscal, al francés (donde confundieron ‘haven’, refugio, con ‘heaven’, cielo, paraíso, y de ahí tenemos el «paraíso fiscal»). Están repartidos por todo el mundo, pero tal vez los más conocidos son los territorios británicos de ultramar, restos de colonias de cuando Reino Unido era un Imperio, y entre los cuales están las Islas Caimán, las Bermudas o Gibraltar.

Tras la Segunda Guerra Mundial, en parte como necesidad de reconstrucción y en parte como oposición al bloque soviético socialista, los países occidentales escogieron formas de redistribución mediante regímenes fiscales progresivos. Esta etapa duró, aproximadamente, desde 1945 hasta 1973, con la primera crisis del petróleo. Ya hemos hablado que durante esta época se forjó, también, el paso de estados occidentales occidentales industriales a dedicados a los servicios, con la industria deslocalizada a países emergentes o del sud-este asiático (por ejemplo lo vimos en La sociedad red de Castells o con la acumulación flexible de Harvey). Tras las crisis económicas de los años 70 se abandonó el modelo progresista y se instauró un modelo de ahorro y de laissez-faire empresarial, el neoliberalismo, que liberaba a las empresas de todos sus límites y sometía a los vaivenes del mercado todos los ámbitos de nuestra vida.

Ahí entró la vivienda. Ya vimos con La guerra de los lugares, de Raquel Rolnik, cómo se pasó lentamente de un modelo de vivienda como un bien necesario para todos a una vivienda considerada como un bien de mercado que sólo estaría disponible para quienes pudiesen permitírsela. Durante décadas se fue reforzando la idea de la propiedad privada de la vivienda y la consideración de que la vivienda pública era algo indigno, propio de los pobres, que nadie «de bien» querría.

Tras la crisis del 29 en Estados Unidos, se separó mediante una ley la banca de depósito comercial (aquella donde los ciudadanos depositamos nuestro dinero) y la de inversión (aquella destinada a conseguir beneficios). Esta separación no se hizo, por ejemplo, en Europa (lo que explica que la city de Londres sea el mayor centro bancario del mundo, puesto que las sedes de Estados Unidos abrían filiales allí para operar más libremente). A medida que la doctrina neoliberal calaba, sin embargo, y se empezaba a considerar que todo lo que provenía del Estado era «nocivo o sospechoso de serlo, ya fuesen los funcionarios, los servicios públicos o las regulaciones», se fue imponiendo la desregulación que cristalizó en 1999 en Estados Unidos cuando Bill Clinton derogó la anterior ley de bancos (Glass-Steagall, la del 29 que referíamos).

Desde entonces, la banca de inversión se recapitalizó con los ahorros del ahorrador medio y se lanzó sin cortapisas a la especulación en el mercado financiero tras la eliminación de las barreras legales. La consecuencia fue que en diez años se produjo una crisis que tuvo la magnitud de la de 1929. A resultas de la crisis, en la época Obama se hizo un intento de controlar levemente el sistema financiero a través de la ley Dodd-Frank. Sin embargo, las regulaciones aprobadas han sido suprimidas durante el mandato de Donald Trump. (p. 41)

Por supuesto, la única forma en que los bancos y las finanzas pueden campar a sus anchas es si los Estados dejan de regularlas; ello se produce por dos caminos. El primero: dada la existencia de los paraísos fiscales y la facilidad con que se puede acceder a ellos en una era de globalización, internet y banca on-line, las grandes empresas y las grandes fortunas han dejado de pagar impuestos, o lo hacen en una medida muy pequeña; por ello, los Estados no tienen suficiente dinero y tienen que aumentar los impuestos directos (que no son regresivos, como el IVA o los impuestos a los carburantes, y que tienen mayor peso sobre las clases con menos poder adquisitivo); y, por otro lado, a los Estados no les queda más remedio que tirar de deuda de esos grandes fondos de inversión o de la gran banca.

La otra herramienta es introducir como gestores de la economía de los Estados a los propios miembros de la banca.

Steve Bannon trabajó en Goldman Sachs como banquero de inversión. Entre los políticos más destacados que han sido directivos de Goldman Sachs se encuentra el actual secretario del Tesoro de EEUU Steve Mnuchin. Será el tercer secretario de estado que ha sido directivo de Goldman Sachs. Los anteriores fueron Hank Paulson y Robert Rubin, quien contribuyó durante su mandato a la supresión de la Ley Glass-Steagall, que disponía la separación entre la banca comercial y la banca de inversión. La nómina de directivos de Goldman Sachs que pasaron a la política es extraordinariamente larga en EEUU y en Europa, con otros destacados miembros como Gary Cohn, jefe del National Economic Council durante el mandato de Trump o también Mario Draghi, quien era un importante directivo de Goldman Sachs. También es el caso de José Manuel Durão Barroso, presidente de la Unión Europea durante la crisis y ahora presidente de Goldman Sachs Internacional. Pero la influencia de la banca de inversión y de la banca en la sombra es determinante. Y este no es solo el caso de Goldman Sachs. Es el caso de muchos otros como Stephen Schwarzman, consejero delegado de Blackstone, que actuó recientemente como consejero de Trump desde el foro consultivo de estrategia y política. Del mismo modo, en el campo local Luis de Guindos fue responsable de Lehman Brothers en la Península Ibérica.

Sirva lo anterior sólo como ejemplo.

Durante la crisis de 2008, la cantidad de crédito fácil que los bancos habían otorgado para hipotecas era tan desmesurada que todo el sistema bancario español estuvo a punto de caer. Para impedirlo se inyectaron 60.000 millones de euros en sus cuentas, a fondo perdido, sin llevar a cabo medidas como en otros países para garantizar que ese dinero no fuese a manos privadas (lo que acabó sucediendo). En Estados Unidos, por ejemplo, se nacionalizó algunos bancos y se recuperó esa inversión privatizándolos de nuevo otra vez; en España no sucedió nada de eso.

Pero, además de la inyección de dinero para evitar el colapso económico, quedaba la duda de qué hacer con ese enorme mercado inmobiliario, formado por una gran cantidad de viviendas y solares que sus propietarios no habían podido seguir pagando y que en ese momento, dado el desplome del mercado inmobiliario, tenían un valor muy inferior a aquel por el que se habían tasado. Para ello se creó la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (el famoso SAREB), una entidad privada gestionada por manos privadas pero financiada con dinero público y con una finalidad pública.

El SAREB se financió con unos 4.800 millones de euros iniciales, de los cuales el 55% provenía de fondos privados (bancos españoles, que tuvieron que aportar de forma proporcional a su volumen económico) y el 45% restante, de origen público (sobre todo del FROB, Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, la misma entidad que subvencionó a los bancos). El objetivo declarado del SAREB era comprar esas viviendas y solares que ahora tenían mucho menos valor para quitárselo de las manos a los bancos y que éstos volviesen a ser solventes. Sin embargo, con esos casi 5.000 millones de euros el SAREB no hubiese ido muy lejos; recibió una inyección de dinero de 50.000 millones de euros de fondos europeos para poder maniobrar.

La finalidad de Sareb era la de convertirse en un cortafuegos, hecho de dinero público, con el propósito de evitar que la crisis española se propagase por toda Europa. Este peligro provenía de que los bancos estaban fuertemente endeudados entre sí. Si entidades importantes como Bankia o Catalunya Banc no hubiesen devuelto los préstamos que habían recibido de otros bancos europeos, también los podrían haber arrastrado a la quiebra. En realidad, el sistema bancario funciona como un castillo de naipes en el que la quiebra de una entidad importante puede provocar el desmoronamiento de todo el sistema financiero.

Debido al riesgo de contagio, el Consejo Europeo prestó más de 50.000 millones de euros al Estado español con la obligación de que los emplease en pagar las deudas que estas entidades arruinadas tenían con otras entidades financieras. Sin embargo, esta operación todavía no ha sido contabilizada dentro de las ayudas públicas a la banca. (p. 64)

El objetivo del SAREB era comprar esas viviendas y solares a los bancos (para limpiar sus cuentas) y, por el camino, obtener beneficios con ellos. Pero… ¿vendiéndoselos a quién? La población estaba inmersa en la peor crisis financiera que se recuerda, la de 2008, por lo que muy pocas personas particulares podían afrontar la compra de una vivienda; tampoco los bancos atravesaban su mejor momento, y precisamente eran quienes tenían que vender esas viviendas y solares. El Estado había visto reducidos sus ingresos con el rescate bancario, la gran cantidad de personas en el paro y la debacle económica; de hecho, muchas de las imposiciones europeas a cambio de obtener flujo de dinero suponían la reducción del Estado del bienestar y los famosos «recortes», es decir, reducir el gasto público en sanidad, educación, ayudas sociales…

Por lo tanto, ¿quiénes eran los únicos compradores posibles? El gran capital: los fondos de inversión y los fondos buitres. Ése era el objetivo, no muy disimulado, del SAREB: adquirir viviendas y solares a precio de risa para venderlo a los fondos de capital. En ningún momento estaba previsto que el SAREB consiguiese suficiente dinero para devolver el préstamo del Consejo Europeo; y, como ya vaticina Manuel Gabarre en el libro, y como ha acabado pasando, puesto que España es el avalista del SAREB, todo ese dinero que se ha perdido ha pasado a aumentar la deuda pública del país. Es decir: entre todos los españoles les hemos vendido centenares de miles de viviendas a los fondos buitres para que puedan ganar dinero y además subirnos el alquiler.

Porque ésa es la otra cara de la moneda. Tras gastar gran cantidad de sus fondos en adquirir viviendas, edificios y solares por todo el país, el SAREB no se dedicó a crear un parque inmobiliario lo bastante grande para controlar las enormes subidas del alquiler y generalizar un acceso fácil a la vivienda, sino que malvendió esas propiedades a precios ridículos a los fondos de inversión. SAREB, según sus cuentas oficiales, llegó a disponer de unos 15.000 solares y unas 88.000 viviendas; eso suponía el 22% de sus gastos. El 78% restantes lo formaban las hipotecas y préstamos que los bancos habían concedido pero que se habían dejado de pagar, por lo que no existen registros oficiales de en qué consistían esos créditos e hipotecas. Sin embargo, no es desmesurado suponer que la mayoría de ellos eran sobre solares o edificios y viviendas, por lo que los cálculos de Gabarre sitúan el parque inmobiliario del SAREB en unas 350.000 propiedades.

Esa cantidad, concentrada en las grandes ciudades, era la oportunidad perfecta para que el Gobierno de España pudiese implantar un parque de vivienda pública que beneficiase a los ciudadanos (como el caso de Viena, por ejemplo, donde algo más de un 65% de las viviendas son de titularidad pública y el alquiler está controlado) y además ayudase a mantener el mercado estable. En vez de ello, vendió ese parque inmobiliario a pedazos a fondos de inversión que se han dedicado a subir los alquileres y a convertir las viviendas en bienes de mercado, provocando que los alquileres en los puntos calientes del país (Madrid y Barcelona, sobre todo), se disparasen entre un 40% y un 50% en apenas 5 años.

Como ya comentaba Raquel Rolnik, los fondos de inversión se dieron cuenta de que las hipotecas eran un bien envenenado, y por ello pasaron a gestionar los inmuebles como alquileres. Una crisis económica no derrumba el precio del alquiler, simplemente lo baja un poco, pero sigue estando garantizado que los ciudadanos lo paguen, puesto que necesitan un lugar donde vivir; y, en cuanto el mercado vuelva a subir, los precios se pueden volver a lanzar. Además de otros factores como el turismo con Airbnb o mantener viviendas de lujo como inversiones que se revalorizan.

¿Por qué, pese a que sus fondos iniciales eran públicos y el resto procedía de Europa, su finalidad era pública y su objetivo, público, SAREB se consideró una entidad privada? Por distintos motivos:

  • El primero y más importante, eso permitió que su deuda no se añadiese a la deuda pública, al ser una entidad privada. Eso sucedió en marzo de 2020 y supuso un aumento espectacular de la deuda del país, lo que significa que somos los españoles quienes hemos acabado pagando los beneficios que extrajeron y extraen los fondos de inversión, pese a promesas como la de Luís de Guindos de que «el SAREB nunca supondrá costes para los contribuyentes».
  • Puesto que el SAREB era una entidad privada, no estaba sometida a ningún control público. Por ello, no era necesario cumplir las garantías que se le exigen a la administración en cuanto a los contratos públicos, lo que supone, por ejemplo, que no es necesario vender al mejor postor, sino a quien el SAREB o sus gestores escojan.
  • Finalmente, cualquier conducta «sospechosa» de los gestores del SAREB no se considera malversación de fondos públicos, lo que es un delito importante, sino, como mucho, «administración desleal».

Finalmente, destacar que SAREB estuvo inicialmente gestionada por los mismos que pusieron el 45% de esos 4.800 millones iniciales (es decir: quienes invirtieron cerca de 2.000 millones de euros podían gestionar un volumen total de casi 55.000 sin dar explicaciones), lo que ya es sospechoso, pues fueron los mismos bancos que habían perdido el dinero y provocado la crisis quienes decidían qué hacer con el parque inmobiliario español. A partir del 2013, sin embargo, la gestión del SAREB pasó a manos privados y se encargó a entidades relacionadas con el sector financiero, entre las cuales destaca la del hijo del anterior presidente del Gobierno, José María Aznar Botella.

A día de hoy, y puesto que con lo poco que obtuvo ha tenido que ir pagando intereses, SAREB debe cerca de 40.000 millones de euros y no dispone prácticamente de propiedades, puesto que ya las ha ido vendiendo a los fondos de inversión. En 2015 Lui s de Guindos, por entonces ministro de Economía y que, como ya hemos comentado, provenía de Lehman Brothers, creó una normativa ad hoc mediante la cual el SAREB, pese a ser una entidad «en causa de disolución», lo que implicaba que el Estado y sus socios debían ampliar capital, se convertía en una excepción. Esta normativa suponía que la «patata caliente» del SAREB ganaba tiempo y que la bomba explotaría más adelante, en la siguiente legislatura, como acabó sucediendo. «Como premio a sus servicios, Luis de Guindos fue nombrado vicepresidente del Banco Central Europeo en 2018» (p. 89).

La guerra de los lugares (III): el alquiler

En la primera entrada de La guerra de los lugares vimos cómo Raquel Rolnik mostraba el cambio de paradigma de la vivienda como un bien necesario que debe ser proveído por el Estado a una vivienda en propiedad, financiada y mantenida íntegramente por el usuario. En la segunda entrada vimos la evolución de este proceso a las zonas menos favorecidas del Sur global y cómo se usan acontecimientos tales como grandes eventos deportivos o incluso accidentes naturales como la avanzadilla del capital para adquirir tierras en situación marginal y aprovecharlas para extracción de materias primas o fines turísticos. En esta tercera entrada, Rolnik va un paso más allá y relaciona la actual crisis del alquiler que viven muchas ciudades con la estafa orquestada previamente por el capital.

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Resistencias al capital.

En efecto, tras la crisis de 2008 y la gran cantidad de viviendas que quedaron en propiedad de los bancos o cuyas hipotecas fueron ejecutadas, los fondos de inversión se lanzaron a comprar vivienda barata hasta encontrarse con que disponían de grandes reservas de ellas. Su intención original era esperar a que el precio volviese a subir para ponerlas en el mercado; pero se dieron cuenta de que, al poseer un parque tan grande, podían manipular el precio de los alquileres y obtener beneficio de ello. Además, contaban con un doble mercado: las personas que no habían podido acceder a las hipotecas seguían teniendo necesidad de una vivienda, y su única opción era el alquiler; pero también las personas que habían perdido la casa en propiedad por la ejecución de la hipoteca tuvieron que lanzarse al mercado del alquiler.

Así como en la oleada anterior, basada en la promoción de la compra de casas en propiedad para las familias, mediante la expansión del crédito hipotecario, estamos hablando de un proceso global, promovido por el mismo nuevo imperio colonial sin bandera ni rostro: las finanzas globales. Desterritorializado y abstracto, ficticio y especulativo por naturaleza -pues este es el carácter mismo del mercado financiero: el juego de las expectativas y apuestas futuras-, este nuevo poder colonial ocupa las ciudades, capturando espacios de vida y transformándolos rápidamente en paisajes para la renta, capaces de garantizar un flujo de remuneración futura enlazado al lugar… (p. 398)

E, igual como sucedió con la creación de las hipotecas y todos los mecanismos necesarios para su implementación y financiazión, esta nueva oleada de aumento del alquiler cuenta con la connivencia, cuando no con la participación -y protagonismo- de los Estados nacionales. Rolnik cita el Ireland’s National Asset Management Agency de Irlanda pero también el SAREB español: no sólo el Estado inyectó dinero público a mansalva para evitar la bancarrota de los bancos sino que además los liberó de sus activos más tóxicos creando una entidad que los acumuló. Se crearon además las SOCIMI, con una reformulación en el 2012 que incluyó, «por ejemplo, la exención total de impuestos sobre los rendimientos provenientes del alquiler de inmuebles. Una de la SOCIMI constituidas fue Anticipa, organizada en base al stock inmobiliario «podrido» de Caixa Catalunya, que fue adquirida en 2014 por Blackstone. Otros fondos inmobiliarios fueron constituidos del mismo modo. Su estrategia pasó a ser, entonces, vaciar rápidamente los pisos para ponerlos en el mercado de alquiler y, eventualmente, venderlos individualmente o en paquetes, generalmente para otros fondos o REIT’s –Real Estate Investment Trusts.» (p. 402)

Rolnik denuncia que las mismas víctimas de la primera oleada de financiarización de la vivienda, en general la gente con menos recursos, son ahora también los que reciben los efectos negativos de la segunda, viéndose obligados a pagar grandes cantidades por un alquiler, o a vivir a grandes distancias de sus zonas de trabajo, o a vivir en condiciones pésimas en viviendas no adecuadamente habilitadas; a menudo, una mezcla de las tres.

En cambio, «para una élite transnacional adinerada, comprar inmuebles de alto lujo en ciudades globales, capitales culturales o destinos turísticos, se ha convertido en una «caja fuerte» para parte de su capital, funcionando básicamente como una reserva de valor estable o, al menos, como potencial de revalorización» (p. 409). Ciudades como Londres, Nueva York o Miami, pero también Barcelona, pasan al punto de mira de los inversores extranjeros. Iniciativas como la Golden Visa española no ayudan: la concesión de la ciudadanía a cambio de una inversión inmobiliaria importante.

Tourists Flock To Barcelona As Spain Inches Towards A Full-Scale Bailout
Turismo de calidad.

El otro gran factor que ha inducido al alza los precios del alquiler son las plataformas de alquiler turístico. Creadas como forma de economía colaborativa y para compartir vivienda y poder viajar de forma económica, sin tener que pagar los precios costosos de los hoteles, pronto evolucionaron en empresas enormes y gran cantidad de personas, tanto particulares como fondos de inversión, que ponen a disposición de los flujos turísticos viviendas a precios más económicos. Los efectos en el mercado de alquiler son evidentes: es mucho más rentable poner a disposición de los turistas una vivienda en zona más o menos céntrica que a disposición de un habitante de la ciudad, pues el precio que pagarán los primeros por unas pocas noches de vacaciones siempre es más alto que el que pagará un residente habitual. Eso forma bolsas de alquiler en los barrios más visitados que impide la residencia para los habitantes de la ciudad.

Rolnik acaba con una nota positiva y destaca las resistencias que todos estos procesos van generando en las ciudades: plataformas antidesahucios, el 15M, Occupy Wall Street…

Estamos, entonces, ante una «guerra de los lugares» o una «guerra por los lugares». En esa guerra lo que está en juego son los procesos colectivos de construcción de «contraespacios»: movimientos de resistencia a la reducción de los lugares a loci de extracción de renta y, simultáneamente, movimientos de experimentación de alternativas y futuros posibles. Como toda guerra, esta también está marcada por la confrontación y la violencia. (p. 391)

La guerra de los lugares (II): desposesión

La eclosión de un terremoto o una gran inundación, así como el avance de una hidroeléctrica o de un megaproyecto de instalaciones deportivas sobre un territorio habitado, tienen impactos más acuciantes cuando ocurren sobre territorios cuya situación de tenencia puede ser impugnada en cualquier momento por autoridades o agentes privados. Las palabras que pueden designar esa situación en el contexto urbano son muchas: favelas, asentamientos irregulares, asentamientos informales, slums. Como veremos más adelante, las formas de nombrarla no son inocentes e intentan definir una situación de alteridad en relación con el orden jurídico-urbanístico dominante, representando una multiplicidad de casos muy distintos. Sin embargo, podemos afirmar que, por lo menos en el mundo urbano, estos espacios están marcados por la precariedad habitacional y por ambigüedades en relación con la tenencia. Esta es la situación que atraviesan más de la mitad de los habitantes de las ciudades del Sur global… (p. 165)

La primera parte de La guerra de los lugares. La colonización de la tierra y la vivienda en la era de las finanzas, de Raquel Rolnik, se centraba en mostrar cómo el cambio de paradigma del Estado como garante de alguna forma de vivienda para los ciudadanos dio paso a un Estado neutro, encargado de mantener la legalidad y sostener la creación de un complejo entramado financiero para permitir el acceso, mediante hipotecas y deuda, de los ciudadanos a la propiedad de la vivienda; el libro mostraba, como decíamos, que esto no fue un acto aleatorio sino premeditado y orquestado por el capital y las grandes finanzas para obtener rédito de un mercado inmobiliario que hasta entonces había permanecido dormido. Esta segunda parte que reseñamos ahora se centra en los estados de desposesión que sufren los que viven en las partes más vulnerables de la ciudad: en los barrios marginales de las afueras, en las favelas, slums; y los procesos de reapropiación de la tierra que lleva a cabo el capital mediante megaeventos como los Juegos Olímpicos o emergencias medioambientales.

Durante el siglo XIX y hasta mediados del XX existían diversas teorías que relacionaban las chabolas o barrios marginales con un exceso de inmigración en las ciudades, incluso con un remanente de población rural que no conseguía adaptarse a la vida urbana; se lo relacionaba con el otro, el outcast, alguien ajeno. Los años setenta se produjo una gran bibliografía, especialmente en Sudamérica, donde se mostraba que la existencia de estos lugares no respondía tanto a una dualidad moderno-arcaico o urbano-rural sino a «un modelo periférico de acumulación capitalista» en el cual este contingente poblacional de las afueras «respondía a una doble necesidad de acumulación en el capitalismo periférico: mantener bajos los costes de reproducción de la fuerza de trabajo y garantizar un ejército industrial de reserva permanente».

Rolnik relata casos (Camboya, Indonesia) donde grandes cantidades de terreno, áreas boscosas, poco pobladas pero con gran interés comercial, son cedidas a empresas multinacionales para que las exploten en lo que Oxfam calificó como «a global land rush», una nueva Fiebre del Oro. «El avance actual se da en contextos donde gran parte de las tierras ocupadas por comunidades rurales no es reconocida formalmente, o cuando lo es, pertenece a una categoría ‘paralela’ de tenencia, no integrada en un sistema único de registro y gestión.» (p. 180)

Aquí entra la denuncia de Rolnik: que tales desposesiones se dan en lugares limítrofes que lindan entre lo legal y lo ilegal, lo planeado y no planeado, lo formal / informal, dentro / fuera del mercado. Son zonas constituidas con un hilo legal tenue, siempre argumentable, que se acaban convirtiendo en un territorio a la espera de, en reserva, capaz de ser capturado «en el momento exacto». La autora da diversos ejemplos: en algunos casos los títulos de propiedad pertenecen al Estado, que los cede durante un tiempo pero, pasado ese tiempo, no los reclama, por lo que las personas siguen viviendo en esa zona pero ya en un estado transitorio; parcelas que en su momento fueron agrícolas y se vendieron con la condición de no ser divididas y en las que, al volverse urbanas, se construyen diversas casas, dando lugar a comunidades, la creación de una favela o slum; de nuevo, en situación alegal. En palabras de Vera Telles: «No se trata de un fuera del Estado y de la ley, lugar de anomia, desorden, estado de naturaleza. Son espacios producidos por los modos como las fuerzas del orden operan en esos lugares, prácticas que generan la figura del homo sacer en situaciones entrelazadas con las circunstancias de vida y trabajo de los que habitan esos lugares.» En estas zonas, son los propios individuos quienes elaboran sus leyes y viven de acuerdo con ellas.

Un ejemplo son los kampung de Yakarta, Surabaya o Yogyakarta, pequeñas aldeas informales con raíces locales habitado principalmente por personas de clase media y baja. Se convirtieron en la puerta de entrada de los inmigrantes a la ciudad, por lo que estaban formados por una gran mezcla de etnias. Se definen por el uso mixto, una mezcla de zona residencial en los pisos superiores y de comercio y producción en las plantas bajas donde se hacen comida, ropa, juguetes, muebles; creando así espacios semipúblicos de circulación tanto de mercancías como de pasajeros pero también semiprivados, donde llevar a cabo las actividades sociales próximas. Estos enclaves, con más de 500 años de historia, a menudo viven en situaciones de precariedad, sin instalaciones como agua corriente, y con un estatus jurídico ambiguo. Indonesia, durante muchos años, tuvo un plan para mejorar los kampung, dotándolos de medidas como agua corriente, asfalto o sistemas de drenaje, pero últimamente se ha reducido el presupuesto de este programa.

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El papel de la urbanización urbana debería ser la creación «de una especie de modelo para la ciudad ideal o deseada». En cambio, acaba deviniendo una herramienta al servicio de las grandes finanzas y el capital donde las mejores zonas de la ciudad, las que ellos habitan, siempre están claramente delimitadas y protegidas, «de modo que impide su invasión por parte de los pobres». Con sus leyes y regulaciones, el urbanismo santifica unos modos de posesión de la tierra y deja otros en el margen, donde, en cuando le convenga al capital, los modificará a su antojo.

«Para el pensamiento liberal, propiedad, derecho y ciudadanía se entrelazan.» La libertad entendida como autonomía, como lugar donde los otros no participan y que sólo se encuentra limitada por la libertad de los otros; y la propiedad pasa a ser esta garantía de poder sobre una parcela que excluye a los otros. El argumento es mucho más extenso, pero lo hemos reducido para llegar a la publicación del libro El misterio del capital de Hernando Soto donde el autor relaciona la riqueza de Occidente con la existencia de la propiedad privada «e intenta explicar la persistencia de la pobreza en países pobres y de ingresos medios como consecuencia de sus regímenes de propiedad ‘subdesarrollados’. Según Soto, los pobres poseen activos, sin embargo los utilizan de forma ‘defectuosa’, transformándolos en ‘capital muerto'» (p. 218). No sorprende que entre sus admiradores estén Bill Gates, George Bush, Vladimir Putin o Margaret Thatcher, porque la propuesta de Soto para erradicar la probreza pasa por convertir a todos los pobres en propietarios. En palabras de Ángelica Pérez Ordaz:

En El misterio del capital, De Soto analiza la manera en que los países en vías de desarrollo y los que salen del comunismo pueden generar capital a través de un eficiente sistema de propiedad legal que les permita salir de la pobreza y empezar a transformar activos y trabajo en capital, como es el caso de los países de Occidente, para que toda la población tenga acceso a un desarrollo sustentable. Sostiene que la riqueza de las naciones depende de la capacidad de sus gobiernos para crear sistemas legales que al mismo tiempo, reflejen y articulen adecuadamente el contrato social de sus pueblos.

A continuación Rolnik desmonta, uno a uno, los tópicos que propone Soto e incluso demuestra en algunos casos que no han servido en absoluto para erradicar la pobreza y sí para aumentar la brecha entre ricos y pobres. Si quieren otra versión algo más larga, tienen el maravilloso artículo de Edesio Fernandes «La influencia de El misterio del capital‘», con conclusiones muy similares a las de Rolnik.

Y la última forma de desposesión que analiza Rolnik tiene que ver con los megaproyectos financieros. Con la crisis económica y la llegada del neoliberalismo se pasa de unas ciudades en continua expansión cuyos gobiernos sólo deben administrar a unas ciudades en decadencia donde los gobiernos deben «emprender», atraer los flujos de turismo y capital. Surge así una nueva lógica de producción de la ciudad:

  • como los gobiernos locales no pueden endeudarse, recurren a mecanismos innovadores para financiarse y expandirse;
  • la tierra es uno de los recursos utilizables;
  • se atrae a inversores, interesados por el valor que esa tierra pueda generar;
  • el futuro de la tierra lo determina el inversor, en función de sus valores e intereses,
  • el destino de los que ocupasen la tierra anteriormente es irrelevante para el modelo; es tarea de los gobiernos entregar terrenos «limpios».

Lo hemos visto mil veces en China, pero se da en estados de todo el mundo.

Este nuevo proceso de producción de la ciudad también lleva al márqueting urbano, al IloveNY, a la competición entre ciudades por volverse globales, al efecto Guggenheim, por citar sólo unos pocos casos ya tratados en el blog. Pero también la aparición de las iniciativas público-privadas, donde se cede espacio público urbano para que lo exploten compañías privadas; o, en un salto considerable, a la expoliación y expulsión de las bolsas de pobreza en cuanto aparecen nuevos intereses en la ciudad como los Juegos Olímpicos, la Copa del Mundo o un Fórum de las Culturas (como ya vimos en palabras de Manuel Delgado). Las ciudades usan estos eventos para reconvertirse y reconfigurarse como destinos turísticos y del capital; por el camino, construyen grandes instalaciones y expulsan a los habitantes originales de la zona, mostrando, una vez más, el objetivo del urbanismo vinculado con el capital y, en palabras de Harvey, «los procesos de acumulación vía expoliación de los activos de los más pobres».

Casos similares se dan en la reconstrucción de los grandes desastres ecológicos: el huracán Katrina en Nueva Orleans, el terremoto de Haití de 2010, las inundaciones del tsunami en Indonesia. En este último caso, tras el tsunami surgió la oportunidad de transformar el territorio con la excusa de mejorar las condiciones de vida de la población; para ello, se delimitó una zona costera en la que no se podía construir y se alejó de ella a la población. Sin embargo, en poco tiempo esas zonas fueron vendidas a grandes empresas con intereses turísticos que las convirtieron en resorts de lujo para un público internacional.

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El uso de la palabra slum no es inocente. Se trata de identificar el vasto territorio autoproducido por los pobres en las ciudades con el estigma y, por lo tanto, de justificar las políticas de eliminación de esos espacios. El lenguaje de guerra frecuentemente empleado tampoco es inocente: se trata de controlar territorios estructurados bajo la lógica de las necesidades de supervivencia y de la invención, para que el capital financiero -la moneda que circula libremente, desencarnada de cualquier territorio- pueda allí posarse en paz.

Esta nueva forma de colonización opera tanto a través de la ocupación del territorio y de la sustitución de las formas de vida que allí existían, con desalojos forzosos y demoliciones, como del proceso cotidiano de construcción de los individuos consumidores y sujetos del crédito, ampliando los mercados y finanzas globales cultural y concretamente. (p. 273)

La guerra de los lugares, Raquel Rolnik

Conocimos a Raquel Rolnik con la conferencia «Las ciudades, en manos de las finanzas globales» que dio en el 2017 en un ciclo de conferencias sobre la ciudad en el CCCB. Ya en dicha conferencia adelantaba el que es el gran tema del libro que nos atañe: cómo las grandes finanzas han invadido los recursos destinados a vivienda de todo el planeta con el objetivo de obtener rédito financiero de ellos generando, de paso, las crisis de 2008 y la del alquiler actual y dejando en situación de desposesión a millones de personas.

La propiedad inmobiliaria [real estate] en general y la vivienda en particular configuran una de las más nuevas y poderosas fronteras de la expansión del capital financiero. La creencia de que los mercados pueden regular el destino del suelo urbano y de la vivienda como forma más racional de distribución de recursos, combinada con productos financieros experimentales y «creativos» vinculados a la financiación del espacio construido, hizo que las políticas públicas abandonaran el concepto de vivienda como un bien social y el de ciudad como un artefacto público. Las políticas habitacionales y urbanas renunciaron a la función de distribuir la riqueza, bien común que la sociedad coincide en dividir o proveer a aquellos que tienen menos recursos, pra transformarse en un mecanismo de extracción de ingresos, ganancia financiera y acumulación de riqueza. Este proceso derivó en la desposesión  masiva de territorios, en la creación de pobres urbanos «sin lugar», en nuevos procesos de subjetivación estructurados por la lógica del endeudamiento, además de haber ampliado significativamente la segregación en las ciudades. (p. 13; las negritas son nuestras)

La introducción de La guerra de los lugares. La colonización de la tierra y la vivienda en la era de las finanzas ya es clara respecto al tema del libro: dejar claro que todo lo que ha rodeado a la evolución del concepto y el precio de la vivienda en los últimos 30 años no es una serie de azares sino un movimiento orquestado por el capital con la finalidad de obtener rédito financiero y ganancias de algo que antes estaba a disposición de los ciudadanos.

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El primer bloque del libro muestra, recorriendo diversos países, cómo se pasó al modelo de vivienda en propiedad obtenida mediante deuda hipotecaria; el segundo, en todos los procesos de desposesión de los pobres y los débiles que se están dando alrededor del mundo como consecuencia de ese cambio de paradigma; y el tercer bloque, en el que no entraremos, recorre la historia y el caso del Brasil natal de la autora y la evolución del tema de la vivienda allí. Raquel Rolnik, arquitecta y urbanista brasileña, fue relatora para la ONU del Derecho a la Vivienda durante 6 años; de aquel periodo surge este libro.

Entre 1980 y 2010, el valor de los activos financieros mundiales -acciones, títulos, títulos de deuda públicos y privados y aplicaciones bancarias- creció 16,2 veces, mientras el PIB mundial aumentó poco menos de 5 veces en el mismo período. Este pool de superacumulación fue consecuencia no sólo del lucro acumulado de grandes corporaciones, sino también de la entrada en escena de nuevas economías emergentes, como China. Esta muralla de dinero comenzó a buscar cada vez más nuevos campos de aplicación, transformando sectores (commodities, finaciamiento estudiantil y planes de salud, por ejemplo) en activos para alimentar el hambre de nuevas líneas de inversión rentables para los inversores. (p. 27)

La vivienda -la creación, reforma y fortalecimiento de sus sistemas financieros- fue uno de estos nuevos campos de aplicación del excedente. Además, permitió vincular, mediante la creación de un mercado secundario de hipotecas, los sistemas de domésticos de financiación habitacional con los mercados globales. La entrada de este excedente de capital hizo aumentar el crédito más allá del tamaño y la capacidad de los mercados internos, creando e inflando las llamadas burbujas inmobiliarias. Además, el propio espacio en las ciudades se modificó a raíz de este cambio de paradigma, provocando cambios profundos en el rediseño y extensión de las ciudades.

Todo esto no hubiese sido posible sin un cambio en la forma de entender el papel del Estado en la adquisición de la vivienda por parte de los ciudadanos.

Formulado en Wall Street y en la City de Londres e implantado en primer lugar por políticos neoliberales estadounidenses e ingleses a finales de los años 1970 y comienzos de los año s1980, el cambio en el sentido y en el papel económico de la vivienda ganó fuerzas con la caída del Muro de Berlín y la consecuente hegemonía del libre mercado. Adoptado por gobiernos e impuesto como condición para que instituciones financieras multilaterales, como el Bando Mundial y el Fondo Monetario Internacional, concedieran préstamos internacionales, el nuevo paradigma se basó principalmente en la implantación de políticas que crean mercados financieros de vivienda más fuertes y más grandes, incluyendo a consumidores de mediano y bajo ingreso, que hasta entonces habían estado excluidos. (p. 30)

En general, los tres modelos de financiación usados fueron:

  • sistemas basados en hipotecas;
  • sistemas basados en la asociación de créditos financieros con ayudas gubernamentales directas para la compra de unidades producidas en el mercado;
  • esquemas de microfinanciación.

Para garantizar que toda la población acatase mansamente el nuevo mandato de poseer una vivienda fue necesario el cambio del paradigma del papel del gobierno. «… fue después de la Segunda Guerra Mundial, especialmente en los años 1650 y 1960, cuando la provisión pública de habitación se convirtió en uno de los pilares para construir una política de bienestar social en Europa, un pacto redistributivo entre capital y trabajo que sustentó décadas de crecimiento económico». Algunos países disponían de un importante stock de vivienda pública (Austria, Dinamaca, Finlandia, Holanda, Reino Unido, por citar sólo algunos de los que indica Rolnik), otros disponían de ayudas para acceder a la vivienda (Alemania) y otros, por ejemplo España, Grecia o Portugal, no fueron grandes promotores de vivienda pública en absoluto. «A partir de la crisis económico-financiera de los años 1970, el período más extenso de recesión económica internacional después de los años 30, se formula en la teoría y en la práctica la idea de que el papel de los gobiernos ha de transformarse: de proveedores de vivienda a «facilitadores», y su misión será abrir espacio y apoyar la expansión de los mercados privados. Es decir, crear y promover la existencia de sistemas financieros que hagan posible la compra de la casa en propiedad. Para ello, además, era necesario crear la conexión entre vivienda pública y precariedad o pobreza: estigmatizarla, considerarla como algo que sólo los incapaces de manejar activos en el mercado podían tener.

Los precursores de este cambio de paradigma fueron Reino Unido y Estados Unidos. Reino Unido pasó de un 52% de propietarios en 1971 a un 70% en 2007; y la vivienda de arrendamiento social cayó del 30% en los 70 al 18% en 2007. Por el camino, el Estado había pasado de ser el responsable del bienestar -incluida la vivienda- de los ciudadanos a un «sistema en el que el individuo carga con las responsabilidades de su propio bienestar y seguridad social, volviéndose un consumidor de activos financieros que le proveerán una renta en la vejez» (p. 48). La vivienda subió un 200% del 1997 a 2012; los sueldos, un 55%. Y la mayor parte de los fondos destinados a vivienda social se redirigieron a ayudar a pagar los alquileres de los menos favorecidos; es decir, fueron directamente a manos de los arrendadores privados. La vivienda se convirtió en un activo financiero para las familias, basado en la deuda y propiciando un aumento del consumo en una época en que la capacidad económica de los ciudadanos no paraba de decrecer.

En Estados Unidos la situación fue algo distinta. En 1934 se creó la Federal House Administration (FHA), que ya conocemos por su famosa política del redlining que llevó a la gentrificación de muchas ciudades. La FHA tomó dos caminos: por un lado, apoyar a las familias de clase media que querían comprar una vivienda ofreciéndoles condiciones muy generosas; por otro, ayudar a pagar el alquiler a la clase obrera, en general, blanca. Poco a poco, a medida que llegaban migraciones provenientes del sur, sobre todo afroamericanos, el perfil se fue segregando por razas: las clases medias blancas fueron incentivadas a comprar casas suburbanas a las afueras de las ciudades (más de la mitad de todas las viviendas construidas durante los 50 y 60 fueron financiadas con esos fondos) mientras que las ayudas al alquiler fueron rebajándose y eran entregadas a las clases obreras negras que no podían emigrar a los suburbios, por cuestión tanto de economía como por racismo estructural. Eso generó la pobreza extrema en los centros de las ciudades americanas que acabaría llevando a la gentrificación; y, por otro lado, una enorme extensión de suburbios donde toda clase media blanca americana poseía su propia casa con terreno y la necesidad de usar el coche para cualquier motivo.

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El redlining; sus efectos aún se perciben en las ciudades de Estados Unidos.

En cuanto llegó la ampliación de las grandes finanzas al mercado de la vivienda, una de sus extensiones fue la creación del crédito subprime; una ley de 1977 obligaba a los bancos a «alquilar parte de sus carteras hipotecarias en los barrio donde se originaban sus depósitos», barrios que hasta ahora habían sido considerados redline y que se convirtieron en subprimes «o crédito de altísimo coste ofrecido sobre todo a familias compuestas por minorías y a otros grupos que históricamente no tuvieron acceso al crédito por ser considerados de alto riesgo».

Otros aspectos de la política financiera del momento, en los años en que el capital se fue liberando de sus cadenas, fue la posibilidad de titularizar préstamos y juntarlos en paquetes que se podían comprar; «la titularización permitía limpiar los balances de instituciones de crédito a través de su venta a bancos o fondos de inversión». A este festival se sumaron los hedge funds y las agencias de rating, formando paquetes tóxicos que las grandes empresas se iban pasando como una patata caliente para que no les estallase en las manos. Todos sabemos cómo acabó el tema.

Por otro lado, la crisis hipotecaria de los préstamos subprime no fue producto de un intento desafortunado de ampliar el mercado privado de casas en propiedad para los más pobres, disminuyendo la dependencia en relación con los fondos públicos y del Estado. Por el contrario, fue fruto de una política clara y progresiva de destrucción de alternativas de acceso a la vivienda para los más pobres. Dicha política pretendía constituir, exactamente en el sector habitacional de más bajos ingresos, una nueva forma de extracción de renta -de los mercados de hipotecas, así como de los propios propietarios privados endeudados- para los inversores financieros. (p. 70)

En Europa, las cosas fueron similares. Como ejemplo, en el 2008 la Comisión Europea restringía las ayudas para la vivienda sólo a aquellas personas socialmente menos favorecidas cuya situación no les permitía mantener una vivienda al precio de mercado. El objetivo de esta decisión: favorecer el libre mercado en el tema de la vivienda.

Este paradigma, sin embargo, no se detuvo en Estados Unidos y Europa, donde se generó, sino que, mediante las grandes entidades financieras internacionales, el Banco Mundial y el FMI, se fue extendiendo al resto del planeta. La receta del Banco Mundial para poner la vivienda al alcance de todo el mundo seguía el siguiente modelo, donde los tres primeros puntos son para dar curso a la demanda y los tres siguientes, a la oferta:

  • el derecho de propiedad, mediante registros de tierras y propiedades y una ley clara al respecto;
  • desarrollo de un sistema financiero que permita la creación de créditos para que los pobres accedan a la vivienda endeudándose;
  • «racionalizar» los subsidios para que no entorpezcan la labor de los dos puntos anteriores.

Y en cuanto a la oferta:

  • facilitar infraestructuras para la urbanización;
  • reformas urbanísticas, cambios necesarios en las leyes sobre el suelo y la propiedad pública;
  • privatizar la industria de la construcción civil, a fin de fomentar la competición.

Como destaca Rolnik, estas políticas sirvieron mucho más para ampliar los mercados financieros que para aumentar el acceso a la vivienda de los más pobres y vulnerables.

Cuando finalmente la crisis de todo esto estalló, ¿los Estados se dieron cuenta de lo ciegos que habían estado y lo erróneo de sus políticas y trataron de volver atrás, de fomentar otra vez la construcción de vivienda pública, de huir de la deuda, de evitar la formación de otra burbuja? Para nada: «se limitaron a inyectar fondos públicos en los bancos y las insituciones de crédito para evitar su bancarrota»; los 65.000 millones de euros que regaló España a la banca son el ejemplo que usa Rolnik, además de la creación del SAREB.

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Ya conocen el dicho: la banca siempre gana.

Pero el capital no se detuvo aquí: aprovechando la crisis y que el precio de las viviendas había caído en picado, los hedge funds empezaron a comprarlas en paquetes, sobre todo aquellas cuyas hipotecas habían sido ejecutadas. Rolnik habla de Blackstone, un fondo de inversión inmobiliaria participado por inversores internacionales como J. P. Morgan, Deutsche Bank, Citigroup, Goldman Sachs… los mismos nombres que se enriquecieron con la creación de la burbuja inmobiliaria.

Al comienzo de esta parte del libro ya habíamos afirmado que, en función de la sobreacumulación, la expansión territorial y sectorial del mercado permitió absorber el capital excedente, a través de la transformación de la vivienda en mercancía y en activo financiero en varias regiones del planeta. Esto, a la vez, generó un boom y un nuevo ciclo de sobreacumulación bajo el control de los agentes financieros. Cuando el mercado quedó saturado de collateral, la rápida retirada de los inversores desvalorizó enseguida este stock, creando un nuevo mercado de alquiler residencial, lo que constituyó una nueva frontera para la acumulación financiera. (p. 120)

Con la posesión de estos paquetes de viviendas, los grandes fondos han sido capaces de gestionar el mercado del alquiler para crear otra burbuja mediante la que continuar explotando el acceso a la vivienda de las clases medias y bajas; pero esto queda para la segunda entrada, donde también abordaremos el efecto que tiene sobre las poblaciones más vulnerables este cambio de paradigma.