Tocar fondo. La mano invisible detrás de la subida del alquiler, Manuel Gabarre

Tocar fondo. La mano invisible de la subida del alquiler, de Manuel Gabarre (Observatiorio CODE, Observatorio Contra Delitos Económicos formado por activistas de la sociedad) es una obra muy breve que trata el expolio sufrido en el mercado inmobiliario español y los tejemanejes del gran capital para hacerse con la propiedad y las rentas de las viviendas. El primer capítulo presenta a los actores y su ecosistema (paraísos fiscales y demás), el segundo trata del papel de la vivienda en las finanzas y el tercero se centra en el caso concreto del SAREB, el mal llamado «banco malo» español que se hizo cargo de todas las viviendas desahuciadas.

«Un paraíso fiscal es un Estado o una jurisdicción que permite que los extranjeros puedan eludir el control fiscal de su país de origen» (p. 19), algo que, a estas alturas, todos conocemos. Gabarre comenta que el nombre «paraíso fiscal» proviene de una mala traducción de ‘tax haven’, refugio fiscal, al francés (donde confundieron ‘haven’, refugio, con ‘heaven’, cielo, paraíso, y de ahí tenemos el «paraíso fiscal»). Están repartidos por todo el mundo, pero tal vez los más conocidos son los territorios británicos de ultramar, restos de colonias de cuando Reino Unido era un Imperio, y entre los cuales están las Islas Caimán, las Bermudas o Gibraltar.

Tras la Segunda Guerra Mundial, en parte como necesidad de reconstrucción y en parte como oposición al bloque soviético socialista, los países occidentales escogieron formas de redistribución mediante regímenes fiscales progresivos. Esta etapa duró, aproximadamente, desde 1945 hasta 1973, con la primera crisis del petróleo. Ya hemos hablado que durante esta época se forjó, también, el paso de estados occidentales occidentales industriales a dedicados a los servicios, con la industria deslocalizada a países emergentes o del sud-este asiático (por ejemplo lo vimos en La sociedad red de Castells o con la acumulación flexible de Harvey). Tras las crisis económicas de los años 70 se abandonó el modelo progresista y se instauró un modelo de ahorro y de laissez-faire empresarial, el neoliberalismo, que liberaba a las empresas de todos sus límites y sometía a los vaivenes del mercado todos los ámbitos de nuestra vida.

Ahí entró la vivienda. Ya vimos con La guerra de los lugares, de Raquel Rolnik, cómo se pasó lentamente de un modelo de vivienda como un bien necesario para todos a una vivienda considerada como un bien de mercado que sólo estaría disponible para quienes pudiesen permitírsela. Durante décadas se fue reforzando la idea de la propiedad privada de la vivienda y la consideración de que la vivienda pública era algo indigno, propio de los pobres, que nadie «de bien» querría.

Tras la crisis del 29 en Estados Unidos, se separó mediante una ley la banca de depósito comercial (aquella donde los ciudadanos depositamos nuestro dinero) y la de inversión (aquella destinada a conseguir beneficios). Esta separación no se hizo, por ejemplo, en Europa (lo que explica que la city de Londres sea el mayor centro bancario del mundo, puesto que las sedes de Estados Unidos abrían filiales allí para operar más libremente). A medida que la doctrina neoliberal calaba, sin embargo, y se empezaba a considerar que todo lo que provenía del Estado era «nocivo o sospechoso de serlo, ya fuesen los funcionarios, los servicios públicos o las regulaciones», se fue imponiendo la desregulación que cristalizó en 1999 en Estados Unidos cuando Bill Clinton derogó la anterior ley de bancos (Glass-Steagall, la del 29 que referíamos).

Desde entonces, la banca de inversión se recapitalizó con los ahorros del ahorrador medio y se lanzó sin cortapisas a la especulación en el mercado financiero tras la eliminación de las barreras legales. La consecuencia fue que en diez años se produjo una crisis que tuvo la magnitud de la de 1929. A resultas de la crisis, en la época Obama se hizo un intento de controlar levemente el sistema financiero a través de la ley Dodd-Frank. Sin embargo, las regulaciones aprobadas han sido suprimidas durante el mandato de Donald Trump. (p. 41)

Por supuesto, la única forma en que los bancos y las finanzas pueden campar a sus anchas es si los Estados dejan de regularlas; ello se produce por dos caminos. El primero: dada la existencia de los paraísos fiscales y la facilidad con que se puede acceder a ellos en una era de globalización, internet y banca on-line, las grandes empresas y las grandes fortunas han dejado de pagar impuestos, o lo hacen en una medida muy pequeña; por ello, los Estados no tienen suficiente dinero y tienen que aumentar los impuestos directos (que no son regresivos, como el IVA o los impuestos a los carburantes, y que tienen mayor peso sobre las clases con menos poder adquisitivo); y, por otro lado, a los Estados no les queda más remedio que tirar de deuda de esos grandes fondos de inversión o de la gran banca.

La otra herramienta es introducir como gestores de la economía de los Estados a los propios miembros de la banca.

Steve Bannon trabajó en Goldman Sachs como banquero de inversión. Entre los políticos más destacados que han sido directivos de Goldman Sachs se encuentra el actual secretario del Tesoro de EEUU Steve Mnuchin. Será el tercer secretario de estado que ha sido directivo de Goldman Sachs. Los anteriores fueron Hank Paulson y Robert Rubin, quien contribuyó durante su mandato a la supresión de la Ley Glass-Steagall, que disponía la separación entre la banca comercial y la banca de inversión. La nómina de directivos de Goldman Sachs que pasaron a la política es extraordinariamente larga en EEUU y en Europa, con otros destacados miembros como Gary Cohn, jefe del National Economic Council durante el mandato de Trump o también Mario Draghi, quien era un importante directivo de Goldman Sachs. También es el caso de José Manuel Durão Barroso, presidente de la Unión Europea durante la crisis y ahora presidente de Goldman Sachs Internacional. Pero la influencia de la banca de inversión y de la banca en la sombra es determinante. Y este no es solo el caso de Goldman Sachs. Es el caso de muchos otros como Stephen Schwarzman, consejero delegado de Blackstone, que actuó recientemente como consejero de Trump desde el foro consultivo de estrategia y política. Del mismo modo, en el campo local Luis de Guindos fue responsable de Lehman Brothers en la Península Ibérica.

Sirva lo anterior sólo como ejemplo.

Durante la crisis de 2008, la cantidad de crédito fácil que los bancos habían otorgado para hipotecas era tan desmesurada que todo el sistema bancario español estuvo a punto de caer. Para impedirlo se inyectaron 60.000 millones de euros en sus cuentas, a fondo perdido, sin llevar a cabo medidas como en otros países para garantizar que ese dinero no fuese a manos privadas (lo que acabó sucediendo). En Estados Unidos, por ejemplo, se nacionalizó algunos bancos y se recuperó esa inversión privatizándolos de nuevo otra vez; en España no sucedió nada de eso.

Pero, además de la inyección de dinero para evitar el colapso económico, quedaba la duda de qué hacer con ese enorme mercado inmobiliario, formado por una gran cantidad de viviendas y solares que sus propietarios no habían podido seguir pagando y que en ese momento, dado el desplome del mercado inmobiliario, tenían un valor muy inferior a aquel por el que se habían tasado. Para ello se creó la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (el famoso SAREB), una entidad privada gestionada por manos privadas pero financiada con dinero público y con una finalidad pública.

El SAREB se financió con unos 4.800 millones de euros iniciales, de los cuales el 55% provenía de fondos privados (bancos españoles, que tuvieron que aportar de forma proporcional a su volumen económico) y el 45% restante, de origen público (sobre todo del FROB, Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, la misma entidad que subvencionó a los bancos). El objetivo declarado del SAREB era comprar esas viviendas y solares que ahora tenían mucho menos valor para quitárselo de las manos a los bancos y que éstos volviesen a ser solventes. Sin embargo, con esos casi 5.000 millones de euros el SAREB no hubiese ido muy lejos; recibió una inyección de dinero de 50.000 millones de euros de fondos europeos para poder maniobrar.

La finalidad de Sareb era la de convertirse en un cortafuegos, hecho de dinero público, con el propósito de evitar que la crisis española se propagase por toda Europa. Este peligro provenía de que los bancos estaban fuertemente endeudados entre sí. Si entidades importantes como Bankia o Catalunya Banc no hubiesen devuelto los préstamos que habían recibido de otros bancos europeos, también los podrían haber arrastrado a la quiebra. En realidad, el sistema bancario funciona como un castillo de naipes en el que la quiebra de una entidad importante puede provocar el desmoronamiento de todo el sistema financiero.

Debido al riesgo de contagio, el Consejo Europeo prestó más de 50.000 millones de euros al Estado español con la obligación de que los emplease en pagar las deudas que estas entidades arruinadas tenían con otras entidades financieras. Sin embargo, esta operación todavía no ha sido contabilizada dentro de las ayudas públicas a la banca. (p. 64)

El objetivo del SAREB era comprar esas viviendas y solares a los bancos (para limpiar sus cuentas) y, por el camino, obtener beneficios con ellos. Pero… ¿vendiéndoselos a quién? La población estaba inmersa en la peor crisis financiera que se recuerda, la de 2008, por lo que muy pocas personas particulares podían afrontar la compra de una vivienda; tampoco los bancos atravesaban su mejor momento, y precisamente eran quienes tenían que vender esas viviendas y solares. El Estado había visto reducidos sus ingresos con el rescate bancario, la gran cantidad de personas en el paro y la debacle económica; de hecho, muchas de las imposiciones europeas a cambio de obtener flujo de dinero suponían la reducción del Estado del bienestar y los famosos «recortes», es decir, reducir el gasto público en sanidad, educación, ayudas sociales…

Por lo tanto, ¿quiénes eran los únicos compradores posibles? El gran capital: los fondos de inversión y los fondos buitres. Ése era el objetivo, no muy disimulado, del SAREB: adquirir viviendas y solares a precio de risa para venderlo a los fondos de capital. En ningún momento estaba previsto que el SAREB consiguiese suficiente dinero para devolver el préstamo del Consejo Europeo; y, como ya vaticina Manuel Gabarre en el libro, y como ha acabado pasando, puesto que España es el avalista del SAREB, todo ese dinero que se ha perdido ha pasado a aumentar la deuda pública del país. Es decir: entre todos los españoles les hemos vendido centenares de miles de viviendas a los fondos buitres para que puedan ganar dinero y además subirnos el alquiler.

Porque ésa es la otra cara de la moneda. Tras gastar gran cantidad de sus fondos en adquirir viviendas, edificios y solares por todo el país, el SAREB no se dedicó a crear un parque inmobiliario lo bastante grande para controlar las enormes subidas del alquiler y generalizar un acceso fácil a la vivienda, sino que malvendió esas propiedades a precios ridículos a los fondos de inversión. SAREB, según sus cuentas oficiales, llegó a disponer de unos 15.000 solares y unas 88.000 viviendas; eso suponía el 22% de sus gastos. El 78% restantes lo formaban las hipotecas y préstamos que los bancos habían concedido pero que se habían dejado de pagar, por lo que no existen registros oficiales de en qué consistían esos créditos e hipotecas. Sin embargo, no es desmesurado suponer que la mayoría de ellos eran sobre solares o edificios y viviendas, por lo que los cálculos de Gabarre sitúan el parque inmobiliario del SAREB en unas 350.000 propiedades.

Esa cantidad, concentrada en las grandes ciudades, era la oportunidad perfecta para que el Gobierno de España pudiese implantar un parque de vivienda pública que beneficiase a los ciudadanos (como el caso de Viena, por ejemplo, donde algo más de un 65% de las viviendas son de titularidad pública y el alquiler está controlado) y además ayudase a mantener el mercado estable. En vez de ello, vendió ese parque inmobiliario a pedazos a fondos de inversión que se han dedicado a subir los alquileres y a convertir las viviendas en bienes de mercado, provocando que los alquileres en los puntos calientes del país (Madrid y Barcelona, sobre todo), se disparasen entre un 40% y un 50% en apenas 5 años.

Como ya comentaba Raquel Rolnik, los fondos de inversión se dieron cuenta de que las hipotecas eran un bien envenenado, y por ello pasaron a gestionar los inmuebles como alquileres. Una crisis económica no derrumba el precio del alquiler, simplemente lo baja un poco, pero sigue estando garantizado que los ciudadanos lo paguen, puesto que necesitan un lugar donde vivir; y, en cuanto el mercado vuelva a subir, los precios se pueden volver a lanzar. Además de otros factores como el turismo con Airbnb o mantener viviendas de lujo como inversiones que se revalorizan.

¿Por qué, pese a que sus fondos iniciales eran públicos y el resto procedía de Europa, su finalidad era pública y su objetivo, público, SAREB se consideró una entidad privada? Por distintos motivos:

• El primero y más importante, eso permitió que su deuda no se añadiese a la deuda pública, al ser una entidad privada. Eso sucedió en marzo de 2020 y supuso un aumento espectacular de la deuda del país, lo que significa que somos los españoles quienes hemos acabado pagando los beneficios que extrajeron y extraen los fondos de inversión, pese a promesas como la de Luís de Guindos de que «el SAREB nunca supondrá costes para los contribuyentes».
• Puesto que el SAREB era una entidad privada, no estaba sometida a ningún control público. Por ello, no era necesario cumplir las garantías que se le exigen a la administración en cuanto a los contratos públicos, lo que supone, por ejemplo, que no es necesario vender al mejor postor, sino a quien el SAREB o sus gestores escojan.
• Finalmente, cualquier conducta «sospechosa» de los gestores del SAREB no se considera malversación de fondos públicos, lo que es un delito importante, sino, como mucho, «administración desleal».

Finalmente, destacar que SAREB estuvo inicialmente gestionada por los mismos que pusieron el 45% de esos 4.800 millones iniciales (es decir: quienes invirtieron cerca de 2.000 millones de euros podían gestionar un volumen total de casi 55.000 sin dar explicaciones), lo que ya es sospechoso, pues fueron los mismos bancos que habían perdido el dinero y provocado la crisis quienes decidían qué hacer con el parque inmobiliario español. A partir del 2013, sin embargo, la gestión del SAREB pasó a manos privados y se encargó a entidades relacionadas con el sector financiero, entre las cuales destaca la del hijo del anterior presidente del Gobierno, José María Aznar Botella.

A día de hoy, y puesto que con lo poco que obtuvo ha tenido que ir pagando intereses, SAREB debe cerca de 40.000 millones de euros y no dispone prácticamente de propiedades, puesto que ya las ha ido vendiendo a los fondos de inversión. En 2015 Lui s de Guindos, por entonces ministro de Economía y que, como ya hemos comentado, provenía de Lehman Brothers, creó una normativa ad hoc mediante la cual el SAREB, pese a ser una entidad «en causa de disolución», lo que implicaba que el Estado y sus socios debían ampliar capital, se convertía en una excepción. Esta normativa suponía que la «patata caliente» del SAREB ganaba tiempo y que la bomba explotaría más adelante, en la siguiente legislatura, como acabó sucediendo. «Como premio a sus servicios, Luis de Guindos fue nombrado vicepresidente del Banco Central Europeo en 2018» (p. 89).

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